No voy a entrar a hacer juicios de
valor sobre la necesidad o no de la Ley de Memoria Histórica. Desde el año 2007
en que fue promulgada, se han emitido sobre ella tantas y tantas opiniones a
favor y en contra, -ora considerándola necesaria, e incluso escasa, para tratar
de zanjar la injusticia cometida contra los vencidos en la guerra civil; ora denostándola
como un desvarío del suricato leonés que volvería a abrir heridas ya restañadas
y a desenterrar viejos fantasmas cainitas-, que no creo que la mía aportara nada que no se
haya dicho ya. Lo que sí tengo claro es que las buenas intenciones que esta ley
declara en su ‘exposición de motivos’, no se han visto cumplidas en la mayoría
de los casos en que se ha recurrido a ella: “En definitiva, la presente Ley
quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar
satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de
sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la
represión de la Dictadura... profundizando de este modo en el espíritu del
reencuentro y de la concordia de la Transición...”, proclama en su preámbulo.
Visto lo visto, y en buen número de
ocasiones en las que la aplicación de dicha ley ha sido objeto de actualidad
informativa, se evidencia que estos encomiables deseos no solo no se produjeron,
sino que sucedió todo lo contrario de lo que presuntamente pretendían conseguir.
Y esto ha sido así porque estoy convencido, (quizá sea una contundente osadía
por mi parte, pero es lo que hay), de que el legislador se equivocó equiparando,
a lo largo de todo su articulado, dos realidades tan distintas, aunque una de
ellas sea consecuencia de la otra, como son la guerra civil y la dictadura
franquista. Reconocer y declarar “el carácter radicalmente injusto de todas las
condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por
razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra
Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura”, es no
saber de qué estás hablando o, peor, saberlo pero legislar pensando en tu
abuelo, o en tus votos, o en tu inopia. O, como me temo, en todo a la vez. En
fin, creo que esta ley hubiera sido mucho más efectiva y, sobre todo, más balsámica
y más justa, si es que de ello se trataba, centrándola exclusivamente en el reconocimiento,
compensación y ayuda a las víctimas de la dictadura. Y haber tenido la valentía,
para cerrar el círculo expiatorio, de promulgar otra para las víctimas, todas,
de la guerra civil. Pero conociendo al personaje simplón y superficial, esto es
como pedir peras a un olmo tan seco, tan estéril, que ni la primavera sería
capaz de operar en él aquel hermoso milagro machadiano.
(Fuente: Diario HOY) |
Y todo lo anterior, a cuento del
embrollo de Guadiana del Caudillo, su alcalde del PP, Antonio Pozo Pitel, y el secretario general del PP de Badajoz y
diputado en la Asamblea de Extremadura, Juan
Antonio Morales Álvarez. Ambos premiados en una cena organizada por la
Fundación Nacional Francisco Franco, a la que, según leo, asistieron, y en la
que les fue entregado a cada uno ‘Diploma de Caballero de Honor’ por su
"labor destacada en la defensa de la verdad histórica y de la memoria del
Caudillo y su gran obra". La verdad es que hay cosas que yo no entiendo.
No entiendo que, con LMH o sin ella, pueda seguir existiendo en la España de
hoy una fundación como esta, cuyos estatutos “enumeran como objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco
Franco”. No entiendo que los galardonados aceptaran el galardón
deshonroso que les habían concedido y, menos aún, que tuvieran la desfachatez
de ir a recogerlo. No entiendo, quizá sí, las disculpas increíbles del señor
Morales calificando de error la aceptación voluntaria, consciente y presencial
de la supuesta dignidad que recibía de quien la recibía. No entiendo la torpeza
del PP, bajo la égida del ‘y tú más’, de sacar a la palestra, con calzador, a
Castro y a Maduro, que no tienen vela alguna en este entierro. No entiendo que,
con el daño que han hecho a su partido, dando argumentos incontestables a sus
adversarios políticos para tildarlo de “refugio de franquistas y ultras”, no se
haya actuado contra ellos de manera fulminante. No entiendo que se recurra una
sentencia que, en cumplimiento de la LMH, obliga eliminar “del Caudillo” del
topónimo de marras. No entiendo ese afán de mantener ese colgajo caudillista
ahí, enarbolando, al más puro estilo ‘puigdemontista’, el resultado de una
consulta popular que conculca una ley vigente en nuestro ordenamiento
jurídico... En fin, tras esta letanía llego a la conclusión de que, acaso, mi
problema sea que jamás lograré entender este estrecho juego político de vuelo
corto que algunos estilan. Aunque por otra parte, primo, qué quieres que te
diga, ni puñetera falta que me hace.
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