Hay noticias que me desconciertan,
me trastornan y me indignan de tal forma que
hacen que dude de la posibilidad de que, algún día, esta España de
nuestros pecados deje de ser un país principiante en manos de aficionados o
incompetentes. Y una de ellas es la historia, que cuento a grandes rasgos, de
Susana Guerrero: Nacida en el seno de una familia desestructurada, creció de
centro en centro de menores. Estando en uno de ellos, un matrimonio se interesó
por su adopción, y aunque nunca llegaron a terminar el proceso de su
formalización, pasaba cada vez más tiempo con ellos. Cuando contaba 13 años, su
‘padre adoptivo’ comenzó a abusar sexualmente de ella. La policía, ignoro el
porqué, sospechó, investigó y, tras el reconocimiento de Susana en un hospital
que confirmó los abusos, el tipo fue condenado a prisión, donde estuvo varios
meses. No cumplió toda la condena porque ella, dominada psicológicamente por su
agresor, acabó declarando en su favor. Este estado de cosas lamentable continuó
y, con 17 años, quedó embarazada de una niña,
Nayara. Él, que tenía 34, decidió
dejar a su mujer y se establecieron juntos.
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| Nayara y Susana |
A partir de ahí comenzaron también
los maltratos físicos. Cuando la pequeña cumplió dos años, tras denunciar la
última agresión en los juzgados de Talavera de la Reina, donde vivían, Susana
huyó con su hija. Convicto y confeso, fue condenado de nuevo a prisión. Al cabo
de 4 años, madre e hija pusieron tierra y mar de por medio y se fueron a vivir
a Canarias, con la esperanza de empezar una vida nueva lejos de la angustia y
el dolor. Es entonces cuando el padre, putativo de la madre y biológico de la
hija, comienza a pelear la custodia de Nayara, alegando que Susana es “una
persona inestable y sin recursos económicos”. Se le concede así un régimen de
visitas que la madre debe costear y que incumple ante las sospechas fundadas de
que la niña sufre abusos sexuales por parte de su progenitor, abusos que acaban
siendo confirmados y denunciados, además de por Susana, por una pediatra de la
Seguridad Social de Canarias tras varios peritajes independientes. A pesar de
todo lo anterior, ante la reiterada vulneración del régimen de visitas, la
jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Talavera de la Reina, doña
Ana Belén
Gómez Dorado, decide concederle la patria potestad al padre. Con lo que una
niña de 10 años, si la Audiencia de Toledo no lo remedia, será entregada, -para
mayor escarnio, gracias al dictamen de la misma jueza que lo condenó-, a un
maltratador confeso, culpado también de pederastia y con causa abierta en Canarias
por los mismos delitos.
Para llegar a esta situación
monstruosa parece que doña Ana Belén invocó el Síndrome de Alienación Parental,
SAP, un engendro acientífico y apestoso urdido por un ‘médico’ estadounidense
llamado Richard Gardner, machista, defensor de la pedofilia y él mismo pedófilo
que, afortunadamente, se suicidó en 2003 acuchillándose siete veces. Este
síndrome, no reconocido por ninguna organización ni asociación médica o
psiquiátrica de referencia, ni por ningún país del mundo excepto Brasil, ni por
el Consejo General del Poder Judicial de España, no tiene otra razón de ser que
el de articular un invento ad hoc para la defensa de abusadores sexuales de
menores, enfocado, fundamentalmente, a los casos de divorcio o separación en
los que se esgrimen estos motivos. ¿Cómo entonces puede invocarse en España
para fundamentar sentencia tan incomprensible?
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| Andrea |
Yo no soy jurista y no sé si el
ordenamiento jurídico vigente en España da marchamo legal a este dislate. Pero
tanto si esta aberración judicial, que violenta el sentido común más básico,
está respaldada por las leyes que correspondan, como si solo se deben al
delirio de una profesional inepta o necia, ya no me cabe duda de que vivo en un
país perverso, deshumanizado y chapucero. Y tan esquizoide y absurdo que dice
proteger al menor, imponiéndole penas ridículas cuando viola y asesina, -a veces
de la forma más cruelmente canalla-, al tiempo que pone bajo la custodia de un
depravado a una criatura indefensa de 10 años. Si quien tiene la culpa de
estos despropósitos es la ley, nuestros legisladores deberán corregirla con
urgencia. Si, por el contrario, la culpa es de quienes la aplican de manera
torticera e impune, habrá que impedir que jueces tan incapaces resuelvan sobre
la vida y el bienestar de nuestros inocentes. Para que estos litigios no acaben
en el horror de la pequeña
Andrea, hija de
Ángela González Carreño, víctima de
un caso similar y asesinada por su padre tras tres años de demandas
desatendidas.
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| Ángela |
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