BUTIFARRADAS

Casi 4 años ha tardado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respondiendo a una demanda presentada por el médico adjunto de cirugía pediátrica del Hospital Juan XXIII de Tarragona, en emitir un fallo por el que se suprime el uso exclusivo del catalán en el sector público. En él se anulan, total o parcialmente, algunos artículos del Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público de Cataluña y del Protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y del sector público que depende de ella, que establecían la obligatoriedad de utilizar el catalán, por principio, en la comunicación, ya sea esta presencial, telefónica, megafónica o escrita, entre el personal, y entre este y terceras personas, usuarios o familiares, independientemente de la lengua que utilice el interlocutor. La sentencia anula dos artículos y enmienda un tercero, poca cosa, pero, por el tiempo que el alto tribunal ha tardado en evacuarla, ha debido de ser dificultosísima de elaborar. Tal vez porque, al seguir vigentes los protocolos de marras en tanto emitían el fallo, a la lentitud congénita de la justicia en España  haya habido que añadir la dificultad de entedimiento entre los integrantes de la sala, cada cual expresándose en su lengua vernácula. En cualquier caso, ha sido bien acogida por, al menos, un número significativo de sanitarios y, sobre todo,  por la mayoría de pacientes de aquella comunidad que ahora, al menos, no tendrán dificultad para saber qué mal les aqueja. Lo peor del asunto es que desconocemos cuántas criaturas habrán muerto en estos cuatro años sin saber de qué coño se morían. O sea, otra más de las mamarrachadas de estos talibanes paletos a las que, a pesar de su cansina insistencia casi diaria, no consigo acostumbrarme.

Tan feraz es la capacidad de largar paridas la de estos individuos que, sin tiempo a recuperarme de lo anterior, me entero de que un grupo de expertos, a instancias de la Asamblea Nacional Catalana, ha elaborado un Informe jurídico sobre las posibles consecuencias en el ámbito penal de la actuación de los funcionarios durante el proceso hacia la independencia, ¡toma nísperos, Liborio, y calentito ‘pa’ casa! Fue presentado, entre otros, por Joan Anton Font, que es, como el que no quiere la cosa, Coordinador Sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la ANC. Pues bien, la conclusión a la que llegan estos malos remedos de Bartolo de Sassoferrato es que si los funcionarios catalanes, durante el proceso hacia la independencia catalana, desobedecieran las leyes españolas o los dictámenes del Tribunal Constitucional, no cometerán prevaricación, ni dejación de funciones, ni desobediencia, ni ningún otro tipo de delito que  pudiera derivarse de su actuación, ya que están respaldados por la legislación emanada del Parlamento y del Gobiernos catalanes, de los que habrán recibido instrucciones “de forma clara, diáfana y concisa” sobre toda la normativa y acuerdos de Gobierno que conduzcan a la constitución de la República de Cataluña. Si a pesar de todo ello, los tribunales españoles abrieran procedimiento contra ellos e iniciaran diligencias penales... no se me alboroten, no me sean pendejos, que estar investigados no es lo mismo que estar condenados,  y mientras instruyen o no instruyen, habrá habido tiempo para que la República catalana haya sido proclamada y todos los expedientes se cancelarían de forma inmediata. Donde la puerca tuerce el rabo para los pringados que se aventuren a creer la doctrina penal de estos portentos es que, al partir la misma de un supuesto jurídico falso, todas las conclusiones a las que pueda llegar carecen del más mínimo respaldo legal. Con lo que lo que más les vale andar con ojo de chícharo y escudriñar qué instrucciones les llegan y, sobre todo, de dónde les llegan, porque las cañas se les pueden tornar lanzas.

En fin, de un tiempo acá me viene carcomiendo el hipocampo una teoría que, por el bien de todos, y todos significa todos, espero que sea tan solo la elucubración de una mente a veces tan embotada como la mía. Y es la de que el componente más peligroso de estos atorrantes no son sólo sus delirios políticos o sus afanes independentistas, que también, sino, sobre todo, la capacidad que tienen para sublimar, trascendiéndola, su absoluta idiotez. Y a ver quién es el guapo que es capaz de hincar el diente a esa butifarra iluminada.