EL SABIO IGNARO

 En su “Carta del director” del pasado domingo, bajo el sugestivo título de Sainete y anaconda, Ángel Ortiz hacía un pormenorizado memorándum en el que nos mostraba las tripas y las etapas de la noticia, desarrollada en estas páginas, de los trabajos profesionales, facturas de por medio con IVA e IRPF, que el actual consejero de Hacienda y Administración Pública hizo para particulares y organismos oficiales en su anterior etapa como miembro del Consejo Consultivo de Extremadura. Allí se daba cuenta de las conversaciones que mantuvo el interfecto con Manuela Martín y el propio Ángel Ortiz  en las que, quizá apabullado o sorprendido por los datos de los que disponía la periodista, escurrió el bulto bajo el lema “yo no sabía, yo creía, a mí me habían dicho...” más propio de un recluta analfabeto o de un novicio inseguro que de todo un catedrático de Derecho Tributario y Financiero con más de 30 años de experiencia docente. Entre las respuestas peregrinas con que se justificó nuestro doctor hay una que incluso a mí, un simple funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura, me dejó atónito por su simpleza. Y transcribo ese párrafo de la carta: “Su propósito (el del Sr. Checa) era remarcarme en persona lo que poco antes había explicado a la periodista: que los hechos constatados afloraban un «error grave», que nunca fue consciente de que algo así pudiese ser ilegal porque pensó que podría seguir haciendo lo que hacía en la UEX fuera de sus labores docentes”.  Si esta excusa ramplona la dijo por ignorancia, muy mal, porque evidencia que no merece desempeñar en la Administración ni tan siquiera un puesto tan básico como el mío, cuanto más ocupar plaza de enseñante. Si lo hizo emboscado en la falacia y el disimulo, mientras cantaba peteneras compungidas con el fin de ganar tiempo hasta recibir instrucciones de aquél que lo nombró o de su  “alter ego” adjunto para, así, salvar su puesto de consejero, pues mucho peor que muy mal. Porque demuestra que prefiere arruinar o, al menos, poner en entredicho su prestigio profesional, si lo tuviere, con tal de seguir en un machito del que no le arriendo las ganancias. Incluso, y ahí le concedo el beneficio de la duda, aunque este afán de permanecer en el cargo fuera más por la obligación, impuesta o voluntaria, de no desbaratar los planes políticos de quien lo designó que por ambición personal. Lo que sí creo también es que, actuando de forma tan ciclotímica como lo ha hecho para quedarse aposentado en donde sigue, se ha llevado por delante, con su conducta ayer atrita e insegura, hoy prepotente y obstinada en el error, no sólo ese hipotético crédito propio siempre opinable, sino también, de rebote, el de una universidad, la de Extremadura, de cuyo cuerpo de catedráticos forma parte y a la que debería haber mantenido al margen de asunto tan viscoso, aunque solo fuera porque ha sido su casa durante muchos años.

La Ley Orgánica de Universidades, recogiendo las excepciones de la anterior de incompatibilidades para los funcionarios a tiempo completo, incluye la que se refiere a “la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas”, que es uno de los argumentos que Checa y sus valedores han esgrimido para justificar su actuación. Lo que se les olvidó decir a él y a su pandilla, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, es que ese precepto continúa y, rizando el rizo, pone excepciones a la excepción cuando puntualiza que “siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios”. Y es ahí donde está el busilis de la cuestión. La LOU salva este doble inconveniente con, entre otros,  los llamados “Grupos de Investigación”. El camino del escaqueo es perverso en su simplicidad: Alguien, un ayuntamiento, el de Almaraz por ejemplo, está interesado en conocer cómo evoluciona el estado de ánimo de los lagartos viudos en la alta Extremadura, que debe de ser una de los pocas cosas que le falta por incentivar dada su prodigalidad encargando estudios de todo tipo. Para ello contacta con la UEX para que, previo pago de unos miles de euros, investigue sobre algo tan transcendental. Ésta, nunca jamás de los jamases el grupo o alguno de sus investigadores, es quien emite factura por el importe acordado contra el ayuntamiento dadivoso, la cobra, se queda con un tanto por ciento del montante para gastos generales o así, y el resto, la parte del león, pasa a engrosar el presupuesto de la docta cuadrilla que lo distribuye, según su leal saber y entender, entre proveedores y miembros de la misma entre los que puede encontrarse nuestro protagonista que, de esta manera, cobra un sobresueldo compatible, por inherente, con su puesto de profesor. Todo ello con una serie de controles previos y posteriores que vienen a tener el mismo rigor de intervención y auditoría que complicaciones el mecanismo de una cuchara. Un vericueto ciertamente tramposo, pero legal. De modo que, ¿cómo es posible que el sesudo y valorado experto confundiera este protocolo de cobro con el suyo?, ¿cuándo ha emitido él como profesor de la Uex una factura contra la propia UEX? Aunque el resultado final de ambos procesos sea el mismo, engrosar la alcancía del interesado que es de lo que se trata, es muy diferente hacerlo percibiendo una retribución como PDI de la universidad por trabajos añadidos a su actividad docente, amparados por su estructura académica y por la LOU, que hacerlo por informes emitidos a título particular, cobrando el importe de una factura emitida con IVA e IRPF como “consecuencia de una relación de prestación de servicios” profesionales, algo específicamente prohibido por la ley de incompatibilidades. 

O yo soy muy torpe, que no lo descarto, o hay por ahí gente muy espabilada que nos la quiere dar con queso y hacernos comulgar con ruedas de molino. Pues a pesar de mi torpeza, siendo como soy de náusea fácil, conmigo que no cuenten para el trágala.