UNIVERSIDAD(ES) Y CONTROL DEL GASTO

El pasado mes de enero, el Tribunal de Cuentas, siguiendo la recomendación dada por las Cortes Generales en noviembre de 2009, hizo público el informe de fiscalización de las Universidades Públicas correspondiente al ejercicio de 2012. O sea, tres años para empezar y dos más para publicar un tocho aburridísimo de casi 250  páginas, que se van a las 1.100 con los anexos. Teniendo en cuenta que el anterior informe se centró en el ejercicio de 2003, han tenido que pasar nueve años para que ente fiscalizador tan peculiar volviera sobre el tema. El próximo, si cumplen las proposiciones emanadas de aquella reunión de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas que instaban a que se realizaran cada cinco años, debería girar sobre el ejercicio de 2017, a publicar en 2020. Eso se llama estar al pie del cañón. Al igual, alguno de sus integrantes acaba quebrado por el esfuerzo.

Si hubiera que resumir en una palabra el mamotreto, serviría ‘demoledor’. Y la conclusión a la que se llega después de leerlo, incluso a saltos, es que las UU.PP.  son un reducto de impunidad, falta de transparencia, ilegalidades, trampas contables, corporativismo, descontrol del gasto y caos financiero impropio de organismos financiados con dinero público y, por tanto, con los impuestos que pagamos. Un conjunto anárquico formado por entes autónomos que, eso sí, parecen actuar de acuerdo a la hora de inventar pillerías y vías de escape a los antojos de su libre albedrío, de su “viva la virgen” institucionalizado. Como muestra de las muchas irregularidades detectadas, podrían valer algunos ejemplos. A saber: La proliferación de ‘entidades instrumentales dependientes’, hasta 574, cuya creación no siempre ha respondido a nuevas necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión, sino que responden, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y lograr moverse, así, en un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos; o el sistema de control del horario fijado para el PDI, consistente tan sólo en un mero control de firmas o similar para la docencia, que impide un exacto cumplimiento de la normativa aplicable con carácter general en la administración; o la inexistencia de un servicio de inspección de personal docente, órgano de supervisión y de disciplina académica cuya constitución es preceptiva según previene el RD 898/1985; o la existencia de una carga docente  media inferior en muchos casos y ramas a los 24 créditos anuales, lo que pone de manifiesto un sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas; o, por terminar la tabarra, el que a pesar de que las funciones docente e investigadora son asignadas al PDI sin distinción alguna entre ellas,  las retribuciones del personal correspondientes a su labor investigadora son imputadas al capítulo 6 (inversiones reales), no recogiéndose por tanto en el capítulo 1 (gastos de personal), lo que desnaturaliza la información que debe ofrecer la liquidación del presupuesto, permitiendo a la vez la dispersión de unos gastos que tienen la misma naturaleza y puedan sustraerse al conocimiento de la respectiva Comunidad Autónoma a la hora de fijar los límites pertinentes. El informe no hace referencia, quizás por falta de datos, al resto de gastos imputados a investigación que lo sean así ‘stricto sensu’, y, por tanto,  no aplicados, como debería ser, a otras actividades y conceptos más livianos como comidas, viajes, hoteles y retoces varios de los esforzados eruditos. O, rizando el rizo, al pago de las nóminas de funcionarios interinos metidos de rondón por la gatera, dedicados sólo a tareas administrativas que nada tienen que ver con la investigación científica. En fin, no cuesta imaginar que en las 250 páginas de que consta el informe, que demasiado teórico y etéreo adolece de rotundidad y de conocimiento de la realidad, caben muchas más tropelías que las que aquí he transcrito. Sirvan estas, al menos, como simple y exiguo botón de muestra del desahogo que se gastan algunos.

Es en el epígrafe de los planes de incentivos a la jubilación cuando la Universidad de Extremadura adquiere el protagonismo que merece. Establecidos sólo para el PDI sin cobertura legal de ningún tipo, garantiza a sus beneficiarios, hasta los 70 años, la retribución última e íntegra que percibieran estando en activo. La diferencia entre la pensión máxima a que tuvieran derecho y dicho sueldo, correría a cargo de la universidad correspondiente. Excepto aquí, en esta Extremadura peculiar y cortijera, en donde la Junta, a través de su Consejería de Educación,  se hace cómplice del desatino discriminatorio y alegal aportando, vía presupuestos, las cantidades necesarias año tras año. Esta es la jubilación dorada que, con descaro de cacique, se preparó Ibarra antes de

apartarse, sin irse, de la política activa. Duró dos años el descaro, hasta que él pudo acogerse al chollo. Consejos éticos vendo, pero para mí no tengo. Ni falta que me hacen, dirá para sí. Siguiendo en el ámbito doméstico, es digno de atención el dato de que sea el Servicio de Control Interno de la UEX el que más reparos puso en el ejercicio a los expedientes de gasto, 1.652 en total. O sea, por hacernos una idea, 22 veces más que la Complutense. Acaso todo un alarde de celo profesional, pensarán unos. O una forma mezquina de justificar su trabajo despreciando el ajeno, dirán otros. O, tal vez intuirán los de más allá, una vía de escape para compensar los trágalas en los que aquel mismo celo, selectivamente inflexible con los iguales, en ocasiones deba volverse sumiso, vía jerárquica, y tenga que coger el camino de ese agujero en el que el sol ni alumbra ni calienta. Son los renuncios que deben asumir las gallinas cuando se creen capaces de controlar a los zorros que pueden engullirlas. Mejorando lo presente, por supuesto.