IBARRA Y 69 MÁS

Para todos los gustos han sido las informaciones, declaraciones y juicios de valor que se han leído y oído a raíz del informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre las jubilaciones incentivadas de personal docente de la Uex. La sensación que ha podido quedar al final, dado el bombardeo deslavazado de datos, no siempre correctos, y opiniones, es que la universidad extremeña, haciendo de su capa un sayo, fraguó un plan de “jubilaciones de oro” para una casta elitista y privilegiada despilfarrando el dinero de todos para beneficiar a unos pocos elegidos. Al menos y, a bote pronto, es la que yo saqué. De estas primeras impresiones la única que prevalece es la de que, efectivamente, los que se acogieron a este plan son unos privilegiados ya que cobrarán, sin dar chapa y durante un máximo de 10 años, el sueldo íntegro que percibían en el momento de su jubilación, aunque lo único que hicieron fue aprovecharse, de rebote, de un chollo que le ponían en bandeja. Todo lo demás, informe, génesis, cifras y reacciones, creo que necesitan alguna matización.

No seré yo quien ponga en cuestión el dictamen del Tribunal de Cuentas, aunque, de entrada,  me resulte curioso que la Uex sea la primera universidad, de las muchas que tienen planes similares, que haya sido puesta en su picota. Desde el año 2002 al día de la fecha la mayoría de las universidades españolas tienen planes incentivados de este tipo y a la extremeña le tocó la china de abrir brecha. Bueno está, en algo teníamos que ser los primeros. Me sorprende también la contradicción que supone el que el referido dictamen hable, por una parte, de la ausencia de cobertura legal en que se mueven estas jubilaciones y, por otra, de su “flagrante contradicción” con el Estatuto Básico del Empleado Público. O alegal o ilegal. Las dos cosas a la vez parece imposible. Es evidente que la Uex aprovecha el vacío legal existente, pero no le corresponde a ella llenarlo. Y, a mayor abundamiento, parece que se le exige que se reencarne en la veedora de Aceuchal y adquiera poderes adivinatorios  porque, si el plan de pensiones se aprobó en marzo del 2007 y el estatuto citado con el que entra en conflicto se publicó en el Boe del mes siguiente, ¿cómo podría adaptarse aquél a éste si no en un alarde de clarividencia o de prognosis legislativa? Francamente, soy incapaz de entender tanta incoherencia.

La cifra de 14.450.000 euros que se ha dado como coste total es errónea. Se ha sacado de la primera columna del cuadro que figura en el informe del Tribunal de Cuentas referido al año 2007, y corresponde al importe máximo del plan. No tiene valor contable. Sólo indica la barrera que no se puede traspasar. Tan es así que el total de gasto, para 12 años,  que suponen las tres convocatorias del mismo, años 2007 a 2009, es de 10.938.528,47 euros. Pero es que además se ignora, o se quiere ignorar, el ahorro que para el Capítulo I de la Uex supone la jubilación de 70 profesores funcionarios que acumulan más trienios, quinquenios y sexenios que una legión romana. Las cifras son concluyentes. La amortización de 14 plazas de esas 70 supone una disminución en salarios de 8.110.929,30 euros. Y la sustitución de titulares por profesores contratados en las restantes 56 otra de, aproximadamente, 2.800.000. Lo cual, 27.599,17 euros de coste total en 12 años. Pero como resulta que quien paga la juerga es la Junta de Extremadura (condición sine qua non para que la Uex acometiera el plan), el ahorro total que supone para los presupuestos universitarios es de 10.910.929,30 euros de 2007 a 2018, tiempo de duración del mismo. Y como valor añadido, 56 profesores que ya no están en el paro.

No se ha dicho hasta ahora que el ya famoso informe del Tribunal de Cuentas es de fecha 27 de octubre de 2011, y  esto es importante. Porque si el Gobierno regional lo ha conocido estos días por la prensa, demuestran una ineptitud supina y que están a la luna de Valencia. Y si lo conocía desde octubre, peor me lo pones: ¿Cómo es que no se pidió entonces asesoramiento jurídico antes de incorporar las partidas del plan a los presupuestos de 2012, y sólo lo piden ahora aprovechando el revuelo mediático? Si es éste el caso, además de irresponsabilidad están demostrando una maestría vertiginosa en el arte de la demagogia.

¿Qué todo este tinglado de pensiones se montó desde la Junta a la medida de Ibarra? Estoy convencido de que sí. Veamos por qué. En setiembre de 2006 Ibarra anuncia su retirada política. El 23 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno de la Uex aprueba el primer convenio anual, remitido por la Junta, por la que ésta se hace cargo del pago del plan, (por cierto que, siguiendo indicaciones de la Consejería de Educación, se suprimió en la página web de la Uex ese punto del Orden del día, para “no dar tres cuartos al pregonero”) convenio que es aprobado por la Junta de Gobierno de la Junta, presidida por Ibarra, el 24 de abril.  El 23 de mayo, cuatro días antes de las elecciones, se firma. En julio, Ibarra se incorpora a la Uex y en enero de 2008 cumple 60 años. En julio se firma un segundo convenio para ese año 2008. Ibarra solicita acogerse a él pero es rechazado por no cumplir alguno de los requisitos exigidos y sigue en activo. El 30 de abril de 2009 se firma un tercer convenio. Ese año es aceptada su jubilación. Prueba superada. Ya está el gato en la talega y se acabaron los convenios. Demasiadas casualidades sincronizadas. Tantas que me hacen pensar que, en este caso,  lo casual fue intencionado y lo contingente, irremediable. ¿Los otros 69?: Daños colaterales, costes inevitables, figurantes. Todo es poco para arropar la imagen incorruptible del César.