Ha sido protagonista, de manera
constante en su intermitencia, de un buen número de titulares de la prensa
escrita y audiovisual española durante este mes de agosto. Solo la tragedia de
los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils y, en algún momento, el
esperpento de los delirios nacionalistas del presidente de Cataluña y sus
palmeros, han sido capaz de descabalgarla de las cabeceras. Y ha sido tanto el
atiborre de información y de presencia protagonista de Juana Rivas día tras día de este mes a costa de su huida de Italia,
de su lucha por conseguir la custodia única de sus hijos y del ocultamiento
temporal de estos, que me ha dado tiempo a modular mi opinión sobre el caso
desde la indignación inicial hasta el estupor final, pasando por el
desconcierto. El punto de inflexión de este proceso evolutivo fue, sin duda, la
entrada en escena de un grupo de figurantes capitaneadas por la asesora legal
de Juana, Francisca Granados (Paqui),
portando cartelitos con una frase que me repatea hasta hacer que me castañeteen
los nísperos: “Todos somos Juana”.
Supina idiotez esta del ‘todos somos’ que, como suele ocurrir en casos así, se
ha asentado sin control en el imaginario colectivo al amparo de un gregarismo
de lo más mentecato. Si a esta frase absurda y enervante le añadimos la de “Juana está en mi casa”, nacida a raíz
de la desaparición de la susodicha junto a sus hijos y enarbolada también por
el mismo coro solidario de voluntarias, el diagnóstico se me agravó hasta
alcanzar los límites de un severo sopitipando. Bastante tengo yo con intentar
saber quién coño soy como para soportar que, de buenas a primeras, tenga que
ser también Juana y, para más inri, aguantar en mi casa una presencia virtual
que, por el hecho de ser ella, también soy yo. Ya me dirán quién es capaz de salir
indemne de este galimatías metafísico.
En cualquier caso, además de sus
hijos, forzosos y olvidados protagonistas de un drama que no han provocado y
del que son los mayores damnificados, creo que su madre es también una víctima
más en este proceso. En primer lugar de ella misma y de su fragilidad, no sé si
innata o sobrevenida por las circunstancias que, en cualquier caso, la han hecho
fácilmente manipulable. Baste decir que en enero de este año se presentó ante
el Congreso de los Diputados con 150.000
firmas reclamando la “protección de menores frente a padres maltratadores”. Lo
hizo acompañada de Vanessa Skewes, una chilena cuyas denuncias de maltrato
resultaron ser falsas y que, además y por eso, ha perdido la custodia de sus
hijos. Su carta de presentación no pudo ser más fraudulenta.

Y en tercer lugar, también víctima
del desastroso y tercermundista
funcionamiento de la justicia en España. Porque el hecho de que, en
pleno siglo XXI, una providencia presentada en un juzgado de Granada tarde más
de un año, (desde julio de 2016 hasta agosto de 2017), en ser remitido al
juzgado en Italia que debía recibirla porque entre otros obstáculos peliagudos había que traducirla del español
al italiano, resulta tan increíble como que Extremadura siga prácticamente
incomunicada por tren. Quizás el ministro de turno intente solucionar su inoperancia como
nuestro presidente-consejero, convocando una manifestación de protesta en
Madrid para así emboscar, entre la turbamulta y el griterío de bienintencionados,
su incapacidad para resolver el problema. Se necesita tener poca lacha, primo.
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