EL HORROR SIN FIN

(Fuente: Diario Información)

Durante los tres primeros trimestres de este año se presentaron en España ante los Juzgados de Violencia contra la Mujer un total de 125.769 denuncias. Teniendo en cuenta que, según las estimaciones manejadas por los especialistas en el tema, solo una de cada tres mujeres maltratadas denuncia, estaríamos hablando de más de 450.000 hasta final de setiembre. El año podría acabar con más de 200.000 denuncias y, por ende, una cifra estimada de más de 600.000 víctimas reales. Números pavorosos que, lejos de menguar, parece que  van incrementándose año tras año y que no son sino los síntomas de una sociedad fracasada, sin educación, inculta, poco evolucionada y enferma. Y la constatación de un mal endémico que los responsables de combatir son incapaces de erradicar, no sé si por pura ineptitud o, lo que sería peor, por falta de un decidido interés en hacerlo.

Parece que, hasta ahora, la profilaxis contra él no pasa de acuerdos políticos, sin duda llenos de buenas intenciones y de medidas eficaces, pero que acaban convirtiéndose en papel mojado, (muchas veces con la sangre de las  víctimas), por la morosidad en su aplicación o la falta de medios para llevarlos a efecto. Muestra de esto es que, hace pocos días, se ha firmado el último “Pacto de Estado para atajar la violencia machista”. Anunciado a bombo y platillo por la ministra del ramo, es una hoja de ruta para los próximos 5 años, con 217 medidas aprobadas. Pues bien, para el año 2018 está previsto aplicar solo 26 de ellas, apenas un 12%,  con un coste de 200 millones de euros que veremos a ver si acaban presupuestándose o serán motivo de un hipotético y, por tanto, incierto crédito extraordinario. Visto lo visto, no me fío un pelo de que los firmantes de este pacto sean conscientes de que atajar es “cortar o interrumpir alguna acción o proceso”. Y, así, continúen, inmersos en un bucle dramático, mareando la perdiz con acuerdos y cambios legislativos ineficaces, mientras el número de mujeres maltratadas o asesinadas aumenta.

(Fuente: Periodista Digital)

Mucho se ha hablado estos días, por razones bien distintas a esta, de la falta de independencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. En el caso que nos ocupa la dependencia más determinante no es la estrictamente política, en lo que de ideológica o partidista pueda tener, sino la económica. Y es que de nada sirven acuerdos, pactos o leyes si no se pueden aplicar por falta de medios, judiciales y policiales. No solo habría que aumentar el número de juzgados, jueces, fiscales y policías dedicados a esta labor, sino también especializarlos y, sobre todo, sensibilizarlos ante el problema. Para que no ocurra lo que he podido ver estos días en televisión en un juicio en el que una mujer pidió revisar, para su exmarido condenado por malos tratos, el régimen de visitas a su hija. La actuación de la fiscal me dejó atónito. Tanto que pensé, en principio, que la víctima era la acusada: ¿Es que usted no tiene bastante con una sentencia condenatoria? ¿Quiere más?... Le ha parecido insuficiente la condena y ahora le quiere quitar a la menor... teniéndonos aquí dos horas perdiendo el tiempo... Para rematar la faena, la Fiscalía General del Estado ha archivado la queja interpuesta por la víctima aduciendo que la actuación de la fiscal “fue en todo momento correcta y respetuosa”. Todavía ando con las tripas revueltas. Digo yo que si con estos bueyes hay que arar, así serán los frutos que recojamos.

(Fuente: ABC)

Paradigmático ha sido uno de los últimos casos de violencia machista con resultado de muerte, el de la joven de Benicàssim (Castellón), Andrea, ‘presuntamente’ asesinada por su exnovio, Víctor Llorens, condenado por malos tratos a su anterior pareja y al que la propia Andrea había denunciado 10 días antes de su muerte por tres delitos de lesiones y un intento de atropello. Con estos datos, el juzgado, incomprensiblemente, valora su situación de riesgo como de ‘grado medio’. Eso significó que solo se le aplicara vigilancia policial ocasional en su domicilio y en su lugar de trabajo. El policía que le asignaron debía vigilar simultáneamente a 19 mujeres amenazadas más. Y, por supuesto que sí, no podía faltar la correspondiente orden de alejamiento, ese sarcasmo jurídico sangrante e hipócrita que siempre se esgrime como queriendo justificar lo injustificable, tal que si su adopción fuera un remedio mágico que dotara de invulnerabilidad a las víctimas. El resultado de tanto dislate, de tanta incompetencia, de tanta carencia de medios, de tanta desidia rutinaria, no podía ser otro que la tragedia. Después, lo de siempre: caras de circunstancia, lágrimas, minutos de silencio, días de luto oficial... Y a esperar a la próxima. O sea, el horror sin fin.