sábado, 10 de noviembre de 2012

LA OFICINA VIRTUAL

Además de la canonjía que supone el propio cargo, diversos chutes en metálico por movilidad y residencia, beneficios fiscales exclusivos y jubilaciones únicas, nuestros diputados nacionales reciben, al incorporarse como oficiantes al templo de la democracia, un lote-regalo consistente en: un iPhone, un iPad, un módem 3G, línea de voz y datos gratis, ADSL gratis en domicilio particular, asistente y despacho propio con PC, que todo es poco para que puedan cumplir su sagrada misión. Y ahí hubiera quedado la generosa bienvenida, en esa nebulosa etérea que destila el frufrú de las altas instancias patrias, si no fuera porque, en estos días, ha salido a relucir el trasiego que se han traído estos trileros 3.0 con los iPad, que desaparecían o se extraviaban como por arte de magia, de manera que, en apenas 10 meses, casi han acabado con los 50 que el Congreso de los Diputados tenía de reserva. Sus señorías, supuestas víctimas del robo o extravío del artilugio, no tenían más que solicitar otro para que les fuera repuesto. De bóbilis, claro. El asunto no tiene un coste económico excesivo, como se ha apresurado a decir alguno de los protagonistas, y sacarlo a la luz sólo sirve, añade,  para avivar el desencuentro entre la población y la clase política. Pero el tema no es tan baladí como este listillo quiere hacernos creer ni puede despacharse con dos frases hechas, porque el busilis no está en el gasto que supone el cambalache, que también, sino en la actitud de frivolidad y manga ancha en el gasto que patentiza. Y el poso que nos queda no es sólo los euros que nos cuestan, que también, sino la sensación de que estos andobas andan a lo suyo, ajenos y distantes, gastando a su antojo con pose de nuevos ricos y sin intención de renunciar a prebendas, brevas y bicocas varias que el cargo, incomprensiblemente, lleva aparejadas. Me gustaría saber cuántos de estos señoritos prestidigitadores de última tecnología eran de los que aplaudían, con frenesí orgásmico, la batería de recortes que el gallego tarumba que nos gobierna nos embutió este verano. ¿Estará entre ellos la tipa del “¡que se jodan!”?

Y hablando de privilegios, bicocas y despilfarros, por aquí, en plan doméstico, ha vuelto a salir a la palestra el asunto de la oficina del expresidente que, curiosamente, es una oficina de una virtualidad tangible ya que, sin existir, tiene oficinistas e, incluso, automóvil oficial con chófer. Y además, aunque al principio fue una, ahora son dos sin ser ninguna. El lío es gordo, ya ven. Creo que el problema viene de la contradicción intrínseca que acarrea el artículo 3 del Estatuto del Expresidente, que es en el que se apoya este truco de ilusionista y que dice: “Los presidentes de la comunidad autónoma de Extremadura, a partir de su cese, contarán con los medios materiales y personales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas”. Para empezar, los presidentes, a partir de su cese, ya no lo son, por lo que todo lo que viene detrás, huelga. Y como lo que mal empieza, mal acaba, ¿cómo estos entes de razón precisan de una oficina que sostenga de manera adecuada unas responsabilidades y funciones que ya no ejercen? Entonces, ¿qué se ha de sostener, el no-ejercicio? Yo no soy capaz de poner en claro este galimatías, aun teniendo visos de ser sublime.

Como quiera que sea, Rodríguez Ibarra dispone de tres empleados de su confianza a cargo de la Junta porque, según propia confesión, él no tiene dinero para pagarles al vivir de su pensión y a los que, como no le caben en el salón de su casa, ha metido a trabajar en el “Centro de Estudios Fundación Presidente Rodríguez Ibarra” creado por él y centrado “en la experiencia de quien fuera presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años”. Dizque los tiene ordenando su archivo personal que pondrá a disposición de cualquiera que quiera estudiar la historia de Extremadura que, por lo que se ve, no se entendería sin él. ¡Qué pretensiones, tía Paca! Y digo yo, si este archivo de Juan Palomo lo obtuvo por su cargo de Presidente, ¿por qué lo tiene en su Fundación y no está depositado en la Junta de Extremadura, que sería su legítima dueña? Y si lo obtuvo por ser, un poner, profesor de la Uex en excedencia, ¿por qué tenemos que pagar los extremeños su catalogación y ordenación? El expresidente alude a su pensión parangonándola, de forma subliminal, con la idea de probidad. Para contrarrestar su desparpajo habrá que volver a decir aquí que, antes de cesar como presidente, dejó atado y bien atado el truco del almendruco de su retiro de manera que, este hito histórico viviente, seguirá cobrando su sueldo íntegro de profesor en activo hasta setiembre de 2019. Alrededor de 5.000 euros mensuales. Un privilegio que, sufragado por la Junta de Extremadura, supone más de un millón de euros anuales, que permanece incólume frente a recortes, ajustes y déficits presupuestarios y del que siguen disfrutando, junto al prócer, 69 elegidos más.  Para finalizar, Rodríguez Ibarra ha declarado: “Yo no tengo ningún problema porque por mucho que intente el periódico HOY desacreditarme, no lo va a conseguir”. Esto ya no cuela, Ibarra, que el acudir a confabulaciones orquestadas es conocida y vieja excusa de ciertos políticos desahogados para escurrir el bulto. Pero es que además, en mi opinión, le supone al HOY la capacidad de obrar milagros, porque si desacreditar es “disminuir o quitar la reputación a alguien”, en el caso que nos ocupa, ¿cómo podría nadie disminuir o quitar lo que no existe?

1 comentario:

Anónimo dijo...

excelentes articulos, El último publicado, genial.