sábado, 9 de abril de 2016

ANDREA, NAYARA, ÁNGELA Y SUSANA

Hay noticias que me desconciertan, me trastornan y me indignan de tal forma que  hacen que dude de la posibilidad de que, algún día, esta España de nuestros pecados deje de ser un país principiante en manos de aficionados o incompetentes. Y una de ellas es la historia, que cuento a grandes rasgos, de Susana Guerrero: Nacida en el seno de una familia desestructurada, creció de centro en centro de menores. Estando en uno de ellos, un matrimonio se interesó por su adopción, y aunque nunca llegaron a terminar el proceso de su formalización, pasaba cada vez más tiempo con ellos. Cuando contaba 13 años, su ‘padre adoptivo’ comenzó a abusar sexualmente de ella. La policía, ignoro el porqué, sospechó, investigó y, tras el reconocimiento de Susana en un hospital que confirmó los abusos, el tipo fue condenado a prisión, donde estuvo varios meses. No cumplió toda la condena porque ella, dominada psicológicamente por su agresor, acabó declarando en su favor. Este estado de cosas lamentable continuó y, con 17 años, quedó embarazada de una niña, Nayara. Él, que tenía 34, decidió dejar a su mujer y se establecieron juntos.

Nayara y Susana
A partir de ahí comenzaron también los maltratos físicos. Cuando la pequeña cumplió dos años, tras denunciar la última agresión en los juzgados de Talavera de la Reina, donde vivían, Susana huyó con su hija. Convicto y confeso, fue condenado de nuevo a prisión. Al cabo de 4 años, madre e hija pusieron tierra y mar de por medio y se fueron a vivir a Canarias, con la esperanza de empezar una vida nueva lejos de la angustia y el dolor. Es entonces cuando el padre, putativo de la madre y biológico de la hija, comienza a pelear la custodia de Nayara, alegando que Susana es “una persona inestable y sin recursos económicos”. Se le concede así un régimen de visitas que la madre debe costear y que incumple ante las sospechas fundadas de que la niña sufre abusos sexuales por parte de su progenitor, abusos que acaban siendo confirmados y denunciados, además de por Susana, por una pediatra de la Seguridad Social de Canarias tras varios peritajes independientes. A pesar de todo lo anterior, ante la reiterada vulneración del régimen de visitas, la jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Talavera de la Reina, doña Ana Belén Gómez Dorado, decide concederle la patria potestad al padre. Con lo que una niña de 10 años, si la Audiencia de Toledo no lo remedia, será entregada, -para mayor escarnio, gracias al dictamen de la misma jueza que lo condenó-, a un maltratador confeso, culpado también de pederastia y con causa abierta en Canarias por los mismos delitos. 

Para llegar a esta situación monstruosa parece que doña Ana Belén invocó el Síndrome de Alienación Parental, SAP, un engendro acientífico y apestoso urdido por un ‘médico’ estadounidense llamado Richard Gardner, machista, defensor de la pedofilia y él mismo pedófilo que, afortunadamente, se suicidó en 2003 acuchillándose siete veces. Este síndrome, no reconocido por ninguna organización ni asociación médica o psiquiátrica de referencia, ni por ningún país del mundo excepto Brasil, ni por el Consejo General del Poder Judicial de España, no tiene otra razón de ser que el de articular un invento ad hoc para la defensa de abusadores sexuales de menores, enfocado, fundamentalmente, a los casos de divorcio o separación en los que se esgrimen estos motivos. ¿Cómo entonces puede invocarse en España para fundamentar sentencia tan incomprensible?


Andrea
Yo no soy jurista y no sé si el ordenamiento jurídico vigente en España da marchamo legal a este dislate. Pero tanto si esta aberración judicial, que violenta el sentido común más básico, está respaldada por las leyes que correspondan, como si solo se deben al delirio de una profesional inepta o necia, ya no me cabe duda de que vivo en un país perverso, deshumanizado y chapucero. Y tan esquizoide y absurdo que dice proteger al menor, imponiéndole penas ridículas cuando viola y asesina, -a veces de la forma más cruelmente canalla-, al tiempo que pone bajo la custodia de un depravado a una criatura indefensa de 10 años. Si quien tiene la culpa de estos despropósitos es la ley, nuestros legisladores deberán corregirla con urgencia. Si, por el contrario, la culpa es de quienes la aplican de manera torticera e impune, habrá que impedir que jueces tan incapaces resuelvan sobre la vida y el bienestar de nuestros inocentes. Para que estos litigios no acaben en el horror de la pequeña Andrea, hija de Ángela González Carreño, víctima de un caso similar y asesinada por su padre tras tres años de demandas desatendidas.
Ángela

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